Nueva Directiva para luchar contra el fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo

Acaba de ser promulgada la DIRECTIVA (UE) 2019/713 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2019 sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo.

Esta Directiva tiene como objetivo perseguir el fraude y la falsificación de medios de pago que pueden provocar daños no solo económicos sino también reputacionales, profesionales y morales. E insta a los Estados miembros a que adopten, entre otras, medidas de asistencia, apoyo y protección a las víctimas -particulares o empresas- teniendo en cuenta que en ocasiones éstas tardan bastante en constatar los daños o pérdidas económicas sufridas como consecuencia del delito de fraude o de falsificación.

Su preámbulo clarifica que por “instrumento de pago distinto del efectivo” se debe entender todo “dispositivo, objeto o registro protegido, material o inmaterial, o una combinación de estos, exceptuada la moneda de curso legal, que, por sí solo o en combinación con un procedimiento o conjunto de procedimientos, permite al titular o usuario transferir dinero o valor monetario incluso a través de medios digitales de intercambio”. Podrá consistir en diversos elementos que actúan en conjunto y, para ejemplificar, hace referencia al caso de las aplicaciones móviles de pago y la autorización mediante contraseña que permita a su titular o usuario transferir efectivamente dinero o valor monetario o iniciar una orden de pago. Así, los monederos electrónicos quedan incluidos en el ámbito de aplicación cuando operen como instrumentos de pago. Si lo que hacen éstos es facilitar la transferencia de monedas virtuales, pueden tener las características de un instrumento de pago, aunque no necesariamente: solo se aplica a las monedas virtuales en la medida que puedan usarse de manera habitual para efectuar pagos. Y la Directiva anima a los Estados miembros a garantizar que las monedas virtuales que emitan los bancos centrales u otras autoridades públicas disfruten del mismo nivel de protección frente a los delitos de fraude que los medios de pago distintos del efectivo en general. Porque no se persigue sancionar el uso legítimo de un instrumento de pago como puede ser la prestación de servicios de pago innovadores que desarrollan ya muchas empresas de tecnología financiera.

Ver texto íntegro en:
https://www.boe.es/doue/2019/123/L00018-00029.pdf

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