TJUE: una ley nacional puede impedir que un juez estime la anulación de un contrato por una cláusula abusiva si permite restablecer la situación de hecho y de derecho del consumidor; pero no puede impedirlo si el contrato no puede subsistir sin ella.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 14 de marzo de 2019 en asunto Zsuzsanna Dunai vs. ERSTE Bank Hungary Zrt., C‑118/17.

Decisión que recae en petición prejudicial planteada por el Tribunal Central de Distrito de Buda, Hungría en asunto de consumo: la Sra. Dunai celebra con un banco un contrato de préstamo en francos suizos. Sin embargo el préstamo debía ponerse a disposición en forintos húngaros según indicaba el contrato, a un tipo de cambio fundamentado en el tipo de compra aplicado por el banco ese día y que las cuotas de devolución del préstamo debían pagarse asimismo en forintos húngaros con el tipo de cambio de venta fijado por el banco. De esta manera recaía sobre la consumidora el riesgo de fluctuación y depreciación del forinto húngaro respecto del franco suizo. El incumplimiento del deudor hacía devenir el contrato título con fuerza ejecutiva sin necesidad de procedimiento judicial.

La Sra. Dunai incurre en impago y se inicia ejecución frente a la cual formula oposición haciendo valer la nulidad del contrato por no precisar el diferencial de tipos de cambio existente entre el tipo aplicable en el momento de la puesta a disposición de los fondos y el tipo aplicable en el momento de la amortización del préstamo. Se da la circunstancia que el legislador húngaro adoptó varias leyes en materia de contratos de préstamo denominados en divisas declarando abusivas cláusulas como la expresada que hacen aplicar el tipo de cambio de compra en el momento de la puesta a disposición de los fondos y el tipo de cambio de venta a efectos de su devolución. A criterio del órgano jurisdiccional tal legislación que suprime las cláusulas que permiten al banco aplicar sus propios tipos de cambio de compra y de venta de divisas y hace que queden sustituidos por el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Nacional de Hungría impide declarar la invalidez del contrato de préstamo denominado en divisas. Ello, sin embargo, sería contrario a los intereses del consumidor que se declarase válido dicho contrato, por lo que se pregunta si esta situación es conforme con la interpretación que el Tribunal de Justicia ha hecho del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. También se pregunta si las resoluciones del Tribunal Supremo para la unificación de doctrina civil que impone a los tribunales considerar que estos contratos de préstamo se consideren válidos garantiza las exigencias de un procedimiento justo.

El Tribunal recuerda que en el caso OTP Bank y OTP Faktoring (C‑51/17) ya se declaró que las disposiciones legales imperativas no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, ya que esta no se aplica a las condiciones incluidas en el contrato entre un profesional y un consumidor que están determinadas por una normativa nacional.

Por otro lado, en el asunto Kásler y Káslerné Rábai (C‑26/13) ya se puso de manifiesto que la facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional para mantener la existencia del contrato queda limitada a los supuestos en que la anulación del contrato en su totalidad podría acarrear consecuencias especialmente perjudiciales para el consumidor, de modo que este sería penalizado. En el caso enjuiciado el mantenimiento del contrato sería contrario a los intereses de la Sra. Dunai, motivo por el cual la sustitución contemplada no parece aplicable al presente asunto.

Es por ello posible que una legislación nacional impida al juez estimar una pretensión de anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al diferencial de tipos de cambio siempre que la apreciación del carácter abusivo de tal cláusula permita restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva. Sin embargo no resultaría admisible impedir al juez estimar una pretensión de anulación de un contrato de tal naturaleza cuando se aprecie su carácter abusivo y la imposibilidad de que el contrato subsista sin ella.    

Asimismo, y como también se mencionó en los casos Banco Santander y Escobedo Cortés (C‑96/16 y C‑94/17), los órganos jurisdiccionales superiores de un Estado miembro están facultados, al ejercer su función de armonización de la interpretación del Derecho y en aras de la seguridad jurídica, dentro del respeto de la Directiva 93/13, para elaborar determinados criterios que sirvan de guía a los tribunales inferiores a la hora de examinar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Pueden por tanto adoptar resoluciones vinculantes acerca de las condiciones de aplicación de la Directiva, siempre que no impidan al juez competente asegurar su plena eficacia y ofrecer al consumidor un recurso efectivo para la protección de los derechos.

El Tribunal de Justicia declara, en consecuencia, que la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que:

–        no se opone a una legislación nacional que impide al juez que conoce del asunto estimar una pretensión de anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al diferencial de tipos de cambio […] siempre que la apreciación del carácter abusivo […] permita restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva;

–        se opone a una legislación nacional que impide al juez que conoce del asunto, […] estimar una pretensión de anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio, cuando se aprecie su carácter abusivo y la imposibilidad de que el contrato subsista sin ella.

2)      La Directiva 93/13, interpretada a la luz del artículo 47 de la Carta, no se opone a que un órgano jurisdiccional superior de un Estado miembro adopte, en aras de una interpretación uniforme del Derecho, resoluciones vinculantes acerca de las condiciones de aplicación de esta Directiva, siempre que no impidan al juez competente ni asegurar la plena eficacia de las disposiciones de dicha Directiva y ofrecer al consumidor un recurso efectivo para la protección de los derechos que esa norma le pueda reconocer ni plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia en este sentido, extremo este cuya apreciación corresponde, en cualquier caso, al órgano jurisdiccional remitente.

Ver texto íntegro en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=96D3A996D8DFB50B563558D785CC427F?text=&docid=211709&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4794403

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