Las monedas virtuales o “criptomonedas” como medio de pago contractual

El Gobierno ha presentado recientemente un “Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las Directivas (UE) 2016/1164, del Consejo,de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, y 2017/1852, del consejo de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la unión europea, y de modificación de diversas normas tributarias” que, de prosperar, daría carta de naturaleza en nuestro país a las monedas virtuales o criptomonedas. Éstas, aun sin ser de moneda de curso legal, podrían ser adquiridas, transmitidas, permutadas, transferidas o utilizadas para efectuar cobros y pagos. Y ello a pesar de que el pasado 8 de febrero de 2018, el Banco de España y la CNMV  publicaron una Declaración conjunta para advertir sobre los riesgos que en la actualidad se ciernen sobre los adquirentes de criptomonedas, entre los que destacaron la falta de regulación y supervisión legal, la dificultad de conocer sus características y la carencia de un fondo de garantía.

Esta iniciativa se alinea claramente con la posición de la Unión Europea de reconocer a las monedas virtuales una función de medio de pago (ver Dir. 2018/843) y descartar que sean consideradas bienes corporales. Así, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 22 de octubre de 2015, en el caso Skatteverket vs David Hedqvist, ya declaró que la divisa virtual no puede calificarse de «bien corporal» en el sentido del artículo 14 de la Directiva del IVA, puesto que no tiene ninguna finalidad distinta de la de ser un medio de pago, como ocurre con las divisas tradicionales que son  medios de pago legales (citando al asunto First National Bank of Chicago, C‑172/96). Y añade que al ser la divisa virtual «bitcoin» un “medio de pago contractual”, por una parte, “no es posible considerarla ni una cuenta corriente ni un depósito de fondos, un pago o un giro” y “constituye un medio de pago directo entre los operadores que la aceptan“. Como se recordará, en dicho asunto se preguntaba al Tribunal si el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que constituyen prestaciones de servicios realizadas a título oneroso operaciones consistentes en un intercambio de divisas tradicionales por monedas virtuales «bitcoin», y viceversa, y realizadas a cambio del pago de un importe equivalente al margen constituido por la diferencia entre, por una parte, el precio al que el operador de que se trate compre las divisas y, por otra, el precio al que las venda a sus clientes.

De este modo Alemania, el pasado 27 de octubre, a través de su Ministerio de Economía emitió un Documento  a través del cual se declara que la adquisición de bienes o servicios con criptomonedas es posible y que éstas puede ser utilizadas como medio de pago. Para ello exige que ambas partes en la transacción las acepten como medio de pago alternativo.

Así las cosas, el Anteproyecto español sin entrar a describir o señalar la naturaleza jurídica de estas monedas virtuales o su función, procede a introducir ciertas obligaciones fiscales:

a) Por un lado, una obligación, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, y a cargo de los proveedores de servicios de cambio de las citadas monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia, de suministrar información sobre los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales.

b) Y por otro, la obligación, para estas mismas personas o entidades, extensible a quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, de suministrar información acerca de las operaciones sobre monedas virtuales (adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos) en las que intervengan.

(*) La Directiva comunitaria  define las “monedas virtuales” como: “representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos”. Y añade que “Aunque las monedas virtuales pueden utilizarse frecuentemente como medio de pago, también podrían utilizarse con otros fines y encontrar aplicaciones más amplias, tales como medios de cambio, inversión, productos de reserva de valor o uso en los casinos en línea. El objetivo de la presente Directiva es abarcar todos los posibles usos de las monedas virtuales”.

Ver texto íntegro en: http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/ANTEPROYECTO%20LEY%20ATAD.pdf

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