TJUE : una persona física que ofrece a la venta bienes nuevos y usados por internet solo debe calificarse de «comerciante» si actúa con propósito relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asunto Komisia za zashtita na potrebitelite vs Evelina Kamenova (C‑105/17) de fecha 04/10/2018

 

El caso enjuiciado aborda un temática de cierto impacto social dada la proliferación en el tráfico económico de productos de segunda mano a través de plataformas gestoras de internet: la venta a distancia de un reloj a través de una plataforma web que facilita el contacto entre oferta y demanda, y los problemas de conformidad, en este caso porque el reloj no respondía a las características indicadas en el anuncio publicado. La compraventa se celebró entre usuarios de dicha plataforma y se da la circunstancia que el usuario que vendía había publicado 7 anuncios más de productos diversos. La administración búlgara resuelve que la usuaria vendedora había cometido infracciones administrativas al no haber indicado nombre, dirección postal y de correo electrónico, precio final venta incluidos impuestos, condiciones de pago, entrega y ejecución, el derecho del consumidor a desistir del contrato de compraventa a distancia, las condiciones, el plazo y las modalidades de ejercicio de dicho derecho, así como la indicación de la existencia de una garantía legal de la conformidad. Se interpone recurso contra dicha resolución sancionadora y el órgano jurisdiccional anula la resolución por no reunir la vendedora la condición de comerciante. Ante el subsiguiente recurso de casación, se plantea cuestión prejudicial al TJUE para conocer si la actividad de una persona física registrada en un sitio de Internet para la venta de bienes y con ocho anuncios para la venta de distintos bienes es una actividad de un comerciante y constituye una práctica comercial de las empresas en sus relaciones con los consumidores.

El tribunal recuerda que la Directiva 2005/29 determina un “concepto particularmente amplio del concepto de «comerciante», que designa a «cualquier persona física o jurídica» siempre que ejerza una actividad remunerada. Es un concepto funcional que exige apreciar si la relación contractual o la práctica comercial forma parte de las actividades que una persona ejerce con carácter profesional (vid Karel de Grote vs Hogeschool Katholieke C‑147/16) y ello exige «atender al caso concreto» que, a modo enunciativo requiere comprobar si la venta en la plataforma se ha efectuado de forma planificada, si tiene fines lucrativos, si el vendedor dispone de información y competencias técnicas relativas a los productos que lo coloque en una situación más ventajosa con respecto a dicho consumidor, si la venta en línea está vinculada a su actividad comercial, si compra bienes con intención de revenderlos, la  frecuencia o una simultaneidad, si los productos son todos del mismo tipo o del mismo valor, etc.

Y acaba declarando que:

El artículo 2, letras b) y d), de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), y el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que una persona física que publica simultáneamente en un sitio de Internet una serie de anuncios en los que ofrece a la venta bienes nuevos y usados, como la demandada en el litigio principal, solo debe calificarse de «comerciante» y tal actividad únicamente constituye una «práctica comercial» si dicha persona actúa con un propósito relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente a la luz de todas las circunstancias pertinentes del caso de autos.

Ver texto íntegro en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0105

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