El TJUE avala la jurisprudencia del TS sobre consecuencias del carácter abusivo de ciertas cláusulas de interés y declara no aplicable la cesión de crédito sin asentimiento del consumidor y sin darle posibilidad de extinguir la deuda

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 07.08.2018 en asuntos acumulados Banco Santander vs Mahamadou Demba y Mercedes Godoy Bonet (C‑96/16), y entre Escobedo Cortés vs Banco de Sabadell (C‑94/17),

El Sr. Escobedo Cortés celebró con la Caja de Ahorros del Mediterráneo -hoy Banco de Sabadell- un contrato de préstamo hipotecario con tipo de interés remuneratorio del 5,5 % anual e intereses de demora del 25 % anual. El consumidor solicita que dicha cláusula se declare nula por abusiva, y en su consecuencia, no se devenguen intereses en virtud de ese contrato, ni de demora ni remuneratorios.

Por otro lado, el Sr. Demba y la Sra. Godoy Bonet suscribieron con el Banco Santander dos contratos de préstamo con tipos de interés de 8,50 % y 11,20% e intereses de demora del 18,50 % y 23,70 % respectivamente. Aunque los contratos de préstamo no contemplaban esta posibilidad, la entidad transmitió a un tercero los créditos mediante escritura pública y el tercero solicitó suceder al Banco Santander en el procedimiento de ejecución. Se discute si los deudores consumidores pueden extinguir la deuda abonando para ello al tercero el precio que este pagó por la cesión de los créditos, así como los intereses, las costas y los gastos aplicables.

Al respecto, el TJUE recuerda que:

La Directiva 93/13 se aplica únicamente a las cláusulas contractuales, y no a las meras prácticas. La exclusión del ámbito de aplicación de esta Directiva se extiende a las disposiciones de Derecho nacional aplicable, tanto si son normas imperativas como si se trata de normas dispositivas y se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibro que el legislador de la Unión ha querido expresamente preservar. La exclusión abarca las disposiciones legales o reglamentarias imperativas distintas de las que se refieren al control judicial de las cláusulas abusivas, especialmente las relativas a la amplitud de las facultades del juez nacional para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual. Lo mismo sucedería con los arts. 17 y 540 de la LEC. Por otro lado, aun cuando la jurisprudencia del TS no parece tener fuerza de ley ni constituir una fuente del Derecho, la elaboración de un criterio jurisprudencial responde al objetivo de protección de los consumidores que persigue la citada Directiva.

Y acaba declarando que:

1)      La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido, por una parte, de que no es aplicable a una práctica empresarial de cesión o compra de créditos frente a un consumidor, sin que la posibilidad de tal cesión esté prevista en el contrato de préstamo celebrado con el consumidor, sin que este último haya tenido conocimiento previo de la cesión ni haya dado su consentimiento y sin que se le haya ofrecido la posibilidad de extinguir la deuda con el pago del precio, intereses, gastos y costas del proceso al cesionario.

Por otra parte, la citada Directiva tampoco es aplicable a disposiciones nacionales, como las que figuran en el artículo 1535 del Código Civil y en los artículos 17 y 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regulan la transmisión de créditos y la sustitución del cedente por el cesionario en los procedimientos en curso.

2)      La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en el litigio principal, según la cual una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que establece el tipo de interés de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal cuantía suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio.

3)      La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en los litigios principales, según la cual la consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor que establece el tipo de interés de demora consiste en la supresión total de los intereses de demora, sin que dejen de devengarse los intereses remuneratorios pactados en el contrato.

Ver texto íntegro en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204749&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=243922

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