En PH la actitud recalcitrante de un comunero, demandando reiteradamente a comunidad, administrador o presidente con acciones que no prosperan, constituye mala fe procesal y permite reclamarle daños y repercutirle la derrama  

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Civil) núm. 442/2018, de fecha 12/07/2018

En este asunto, un propietario insta la declaración de nulidad de un acuerdo de la junta de propietarios de la comunidad de propiedad horizontal en cuanto le atribuye contribución para sufragar la derrama consistente en «los gastos presentes y futuros que están generando las numerosas demandas interpuestas contra la comunidad de propietarios y varios de sus miembros», por  considerar infringido criterio jurisprudencial de la Sala y considerar que en ningún caso la derrama puede repercutirse al propietario que ha actuado judicialmente contra la propia comunidad.  Argumenta que es doctrina reiterada que la comunidad vencida no puede repercutir al comunero que litiga con ella, como gastos generales, los devengados por la defensa de la comunidad (abogado y procurador).

Sucede sin embargo que, en ningún caso se ha condenado a la Comunidad al pago de las costas judiciales en las demandas que de modo reiterado a formulado el actor contra la comunidad, su administradora o su presidente, que no han prosperado bien porque han sido desestimadas o porque el actor formuló desistimiento, de modo que en el caso de autos no se ha infringido dicha doctrina.

En el caso de autos sucede además que la mayor parte de estos procedimientos entablados lo son por cuantía inferior a 2000 euros, por lo que al no ser preceptiva la asistencia de abogado y procurador, la comunidad no ha podido resarcirse pese a que se impusieron las costas en la mayoría de los casos al actor.

La Sala constata que en el presente procedimiento no estamos ante un supuesto de reclamación de cuotas -que ampara a reclamar la inclusión de los honorarios de abogado y procurador cuando la estimación de la demanda de la comunidad es íntegra y ello aunque la intervención de los profesionales no fuese preceptiva- pero sí de un procedimiento más dentro de la historia litigiosa del actor con la Comunidad. Y que la actitud recalcitrante del actor, ha obligado a la comunidad a defenderse en una interminable cadena de procedimientos judiciales que no han prosperado ni contribuido a los objetivos pretendidos por el mismo. Este comportamiento anómalo, que ha provocado una cantidad elevada de gastos procesales a que han venido supliendo el resto de los comuneros en detrimento de su propio patrimonio, puede ser constitutivo de mala fe procesal que permite a la Comunidad reclamar responsabilidad por daños, por los gastos de abogado y procurador en procedimientos donde no era preceptiva la intervención de estos profesionales.

El actor alega que la Comunidad no tiene que sufragar los gastos procesales de terceros, planteamiento que la Sala rechaza pues consta que en los procedimientos entablados por él, eran parte la Comunidad, su presidente y la Administración de la Comunidad, de modo que es del todo coherente que los fondos comunitarios se destinen a la defensa de la Comunidad y de su máximo representante, su presidente. 

Ver texto íntegro en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8455417&links=&optimize=20180720&publicinterface=true

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