Un burofax en el que se informa al deudor sobre la posibilidad de acudir a mediación no es “inicio” de los trámites de una mediación 

Sentencia Sección nº 01 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil de fecha 27/03/2018, número 310/2017 -C.

El art.132-4 del Código de Consumo de Cataluña , en su redacción dada por Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña […] fue objeto de adición en virtud del art. 8 , y es del siguiente tenor: “Créditos o préstamos hipotecarios 1. Las administraciones públicas catalanas y, especialmente, los servicios públicos de consumo deben garantizar que, en los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor, pueda llevarse a cabo un procedimiento de mediación destinado a la resolución extrajudicial de conflictos previos a cualquier otro procedimiento judicial o a la intervención notarial. 2. El procedimiento de mediación debe tener por objeto buscar acuerdos entre las partes que hagan viable que la persona consumidora conserve la propiedad de la vivienda o, subsidiariamente, la posibilidad de mantener su uso y disfrute. En el marco de este procedimiento, las partes o el órgano de resolución extrajudicial de conflictos pueden solicitar un informe de evaluación social con un análisis socioeconómico del deudor y las posibles vías de resolución del conflicto en los términos del artículo 133-6. 3. Las partes en conflicto, antes de interponer cualquier reclamación administrativa o demanda judicial, deben acudir a la mediación o pueden acordar someterse al arbitraje. Una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar de la notificación del acuerdo de inicio de la mediación sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes puede acudir a la reclamación administrativa o a la demanda judicial”.

[…] La referida Llei 20/2014 entró en vigor el día 31 de marzo de 2015, a los tres meses de su publicación en el DOGC, y si bien su vigencia frente a terceros fue suspendida en virtud de la providencia del Tribunal Constitucional […] fue restablecida a partir del auto del propio tribunal de 12 de abril de 2016 , que levantó la suspensión precedente […] Por tanto […] la citada norma es de aplicación.

[…] En la citada ley,”… no se configura la solicitud de mediación como una facultad del deudor hipotecario, sino como un trámite que debe cumplirse inexcusablemente antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria de una vivienda habitual. Las partes en conflicto “deben acudir a la mediación” establece la norma legal, más interesada en imponer ese requisito previo de resolución extrajudicial de la controversia que en determinar quién deba ser el promotor del procedimiento, para lo cual lógicamente ha de entenderse legitimado cualquiera de los contendientes; de lo contrario, la mera pasividad del consumidor deudor cerraría el paso a toda reclamación ejecutiva del acreedor hipotecario”. Y si bien es cierto que conforme al Decret 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de mediación en las relaciones de consumo, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la persona consumidora es la única que ostenta legitimación activa para promover el procedimiento de mediación […] no puede desconocerse el principio de jerarquía normativa ( artículo 9.3 CE ) ni los efectos derogatorios de la ley posterior en todo lo que sea incompatible con la anterior, máxime si esta es de rango inferior ( artículo 2.2 CC ), y es evidente que el art. 132-4 en su redacción actual atribuye dicha legitimación a “las partes en conflicto”.

[…] del burofax aportado por la ejecutante en el que se “informa” al deudor sobre la posibilidad de acudir a mediación [no] pued[e] entenderse que inicia los trámites de la misma. […]

[…] [S]i bien es cierto que, conforme a la exposición de motivos del propio Codi de consum la voluntariedad constituye uno de los principios inspiradores de la mediación (el artículo 132-2 precisa que “las partes son libres de acogerse a la mediación”), entendida como mecanismo de resolución de conflictos, es claro que respecto de los conflictos derivados del impago de créditos o préstamos con ejecución sobre la vivienda habitual del deudor o hipotecante no rige dicha voluntariedad, y así se infiere de los términos empleados por el artículo 132-4.3.

Ver texto íntegro en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8351348&links=inicio%20de%20la%20mediaci%C3%B3n&optimize=20180417&publicinterface=true

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