¿Lograrán los contratos inteligentes preservar los derechos de los consumidores?

Como ya explicábamos en una nota de opinión hace un tiempo en El Periódico (El futuro ya está aquí… y al consumidor ¿quien lo prepara?) la tecnología de cadena de bloques (blockchain), el Internet de las cosas (IOT)y los contratos inteligentes (smart contracts) están desembarcando con nuevos instrumentos de gestión y contratación sin precedentes que cambiarán radicalmente las relaciones contractuales al lograr garantizar la seguridad, autenticidad e integridad de los pactos e integrar sistemas de verificación autónomos (oráculos)  que permitirán la ejecución automática de las consecuencias previstas en el contrato. Tanto el sector financiero como el asegurador -particularmente sensibles para el consumidor- han llevado a cabo importantes inversiones en orden a integrarlos, no solo en su procesos internos sino muy particularmente en su relación con los clientes y el fenómeno se está extendiendo en la actualidad a muchos otros ámbitos como el energético, el de las comunicaciones, el audiovisual y un largo etcétera.

Es el momento, en consecuencia de reflexionar acerca del modo que impactarán en el mercado del consumo en línea, cómo puede ser aprovechado su potencial para trasladar también a los consumidores las claras ventajas que ofrecen en términos de efectividad y seguridad y, finalmente, como sortear los riesgos derivados de la dificultad de acceso a las condiciones contractuales para usuarios o consumidores carentes de los conocimientos necesarios para, por poner algunos ejemplos: a) constatar si el contrato codificado se corresponde con el que suscribiría en lenguaje natural,  b) si el protocolo del sistema de blockchain que almacena los registros atiende al grado de privacidad que desea el usuario para los datos que facilite o se generen en la transacción; c) si el sistema es realmente descentralizado d) si el sistema criptográfico o el sistema de consensos son  suficientemente robustos; e) evaluar si las fuentes externas que nutrirán al sistema (oráculos) y que verificarán si se dan las condiciones que desencadenarán las consecuencias pactadas son neutrales o se hallan bajo el control directo o indirecto del obligado -empresa-; f) o conocer el alcance de la ejecución de los acuerdos suscritos dado que, en principio, y sin nueva codificación que acceda a dicha cadena de bloques ninguna parte de manera unilateral -y menos aún un tercero como sería una autoridad administrativa o judicial- podrá anular el consenso de la red ni suspenderlo. Aspectos todos ellos de conocimiento esencial en cada decisión de compra.

Este déficit informativo  -y formativo-  de los consumidores, unido al cambio de paradigma que implica en las relaciones contractuales debe constituir una preocupación y una prioridad para las Autoridades que tienen encomendada la misión de velar por sus derechos; lo que comporta necesariamente  evaluar si las actuales herramientas concebidas para la tutela de estos colectivos son realmente suficientes frente a los nuevos retos.

 

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