Derecho de aprovechamiento por turno y consumidor: la mera posibilidad de invertir ahorros para lucrarse con el alquiler o reventa de los derechos no excluye la condición de consumidor

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Civil) de fecha 06 de marzo de 2018, núm. 1231 / 2015.

En extrema síntesis los hechos enjuiciados son:  suscripción de contrato cuyo objeto es el aprovechamiento por turnos respecto de varias semanas a disfrutar en diversos  Clubs de vacaciones. Contrato que el actor considera contrario a las disposiciones de la Ley 42/1998, de Aprovechamientos por turnos de Bienes Turísticos y al propio Código civil al concurrir una falta de veracidad de la información suministrada, engaño y, en consecuencia consentimiento viciado. Asimismo se alega el carácter abusivo de las cláusulas o condiciones.

“Una vez determinado que el contrato litigioso se encuentra sujeto al ámbito de la Ley 42/1998, desde un punto objetivo, se ha de enjuiciar […] [si el] adquirente […] tiene la condición de consumidor. […]  la finalidad del demandante fue invertir para obtener una rentabilidad, y no la de adquirir el producto vacacional como consumidor final […]  la sentencia número 16/2017, de 16 enero , declarando doctrina al respecto […] acudió, entre otros, a argumentos basados en sentencias del TJUE, con cita de su doctrina […]  «el ánimo de lucro no excluye necesariamente la condición de consumidor de una persona física»  […] dado que en el contrato se prevé la posibilidad de reventa, cabe preguntarse si es posible una actuación, en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, que se realice con ánimo de lucro. La jurisprudencia comunitaria ha considerado que esta intención lucrativa no debe ser un criterio de exclusión para la aplicación de la noción de consumidor, por ejemplo en la STJCE 10 abril 2008 (asunto Hamilton) […]  (asunto Schulte) […] Además, la redacción del art. 3 TRLGCU se refiere a la actuación en un ámbito ajeno a una actividad empresarial en la que se enmarque la operación, no a la actividad empresarial específica del cliente o
adquirente (interpretación reforzada por la STJUE de 3 de septiembre de 2015, asunto C-110/14 ).  […]

»No obstante, sin apartarse de dicha regulación, cabría considerar que el ánimo de lucro del consumidor persona física debe referirse a la operación concreta en que tenga lugar, puesto que si el consumidor puede actuar con afán de enriquecerse, el límite estará en aquellos supuestos en que realice estas actividades con regularidad (comprar para inmediatamente revender sucesivamente inmuebles, acciones, etc.), ya que de realizar varias de esas operaciones asíduamente en un período corto de tiempo, podría considerarse
que, con tales actos, realiza una actividad empresarial o profesional, dado que la habitualidad es una de las características de la cualidad legal de empresario, conforme establece el art. 1.1º CCom.» […] Si se aplica la anterior doctrina a los hechos que aparecen probados […] se ha de considerar al demandante como consumidor, pues no consta que realizase habitualmente este tipo de operaciones. La mera posibilidad de invertir sus ahorros para lucrarse con el alquiler o reventa de sus derechos no excluye su condición de consumidor. A ello se suma que la cantidad total invertida se compadece más con la de un consumidor que invierte sus ahorros, que con la de un profesional de la inversión, si se atiende a la suma desembolsada.

[…]Al ser de aplicación, pues, la Ley 42/1998, se aprecia que no se ha cumplido sus preceptos si se contrasta los contratos de adquisición con el artículo 9 de la Ley que impone un extenso contenido mínimo y, por supuesto, el de la duración del contrato. La consecuencia, no por el simple déficit de información, sino de ausencia de requisitos esenciales, es la nulidad radical […]  al examinar los contratos […] nada dicen sobre su extinción, configurándose con una duración indefinida, lo que incumple la previsión de la Ley 42/1998 que exige la fijación del tiempo por el que se establece el derecho o, al menos, de la duración del régimen (art. 3 ). El incumplimiento de dicha previsión da lugar a la nulidad de pleno derecho, según lo dispuesto en el art. 1.7 de la Ley 42/1998 ( STS 549/2017, de 11 de octubre ). […] Como recoge la doctrina de la Sala […] «es cierto que el artículo 1.7 de la Ley 42/1998 establece que, en caso de nulidad de pleno derecho, serán devueltas al adquirente la totalidad de las cantidades satisfechas. No obstante la interpretación de dicha norma y su aplicación al caso no pueden ser ajenas a las previsiones del artículo 3 C.C en el sentido de que dicha interpretación se ha de hacer atendiendo  fundamentalmente a su «espíritu y finalidad». En el caso del citado artículo 1.7 se trata de dejar indemne al contratante de buena fe que resulta sorprendido por el contenido de un contrato-normalmente de adhesión- que no cumple con las prescripciones legales. Pero no es el supuesto aquí enjuiciado, pues los demandantes han tenido a su disposición los aprovechamientos litigiosos desde el inicio de vigencia de los contratos hasta la fecha de presentación de la demanda. En consecuencia, de la cantidad satisfecha únicamente habrá de ser reintegrada por la demandada la que proporcionalmente corresponda por los años no disfrutados, partiendo de la atribución de una relación contractual de 50 años, que es la máxima prevista por la ley. A tal cantidad se le ha de sumar la correspondiente penalización por el anticipo indebido.”

Ver texto íntegro en: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8276767&links=comercio%20electr%C3%B3nico&optimize=20180202&publicinterface=true

 

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