Obligación de alimentos en la Unión europea, reconocimiento y ejecución


El Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, extiende su radio de acción a todas las obligaciones de alimentos derivadas de las relaciones familiares, de parentesco, matrimonio o afinidad, a fin de garantizar la igualdad de trato a todos los acreedores de alimentos.

Resulta aplicable tanto a las resoluciones judiciales como a las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas. Del mismo modo, resulta aplicable a las transacciones judiciales y de los documentos públicos con fuerza ejecutiva, sin que ello afecte al derecho de cualquiera de las partes en una determinada transacción o acto a impugnar tales instrumentos ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen.

Para preservar los intereses de los acreedores de alimentos se adaptan las reglas relativas a la competencia del Reglamento (CE) no 44/2001, de modo que el hecho de que el demandado tenga su residencia habitual en un Estado tercero no sea causa de inaplicación de las reglas comunitarias. Debe excluirse toda remisión a las reglas de competencia del derecho nacional. Para ello determina los casos en que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro puede ejercer una competencia subsidiaria.

También, con el fin de remediar situaciones de denegación de justicia, preve  un forum necessitatis que permite, en casos excepcionales, a un órgano tribunal  conocer de un litigio que guarde un estrecho vínculo con un Estado tercero. Uno de esos casos excepcionales podría darse cuando en el Estado tercero de que se trate resulte imposible un procedimiento, por ejemplo debido a una guerra civil, o cuando no quepa esperar razonablemente que el solicitante introduzca o conduzca un procedimiento en dicho Estado. Sin embargo, esta competencia fundada en el forum necessitatis solo podrá ejercerse si el litigio guarda un vínculo suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido, por ejemplo, la nacionalidad de una de las partes.

El deudor solo puede iniciar un procedimiento para que se modifique una resolución alimenticia existente o para obtener una nueva resolución en el Estado en el que el acreedor tenía su residencia habitual cuando se dictó la resolución y en el que siga residiendo habitualmente.  Para garantizar que el Convenio de La Haya de 2007 y el presente Reglamento estén bien articulados, conviene aplicar también esta regla a las resoluciones de un Estado tercero que sea parte de dicho Convenio, en la medida en que este último esté en vigor entre el Estado miembro de que se trate y la Comunidad y cubra las mismas obligaciones alimenticias en ambos.

Para aumentar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la autonomía de las partes, se permite a las partes elegir de común acuerdo el tribunal competente en función de factores de vinculación determinados, con una evidente excepción, a fin de garantizar la protección del más débil,  cuando se trate de obligaciones de alimentos respecto de un menor de 18 años.

Para los Estados miembros que estan vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007, las disposiciones relativas a las normas de conflicto de leyes aplicables son las previstas en dicho Protocolo.  Establece, a efectos del reconocimiento, de la fuerza ejecutiva y de la ejecución de resoluciones, una distinción entre los Estados miembros que están vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007 y los que no lo están.

Las normas de conflicto de leyes solo determinan la ley aplicable a las obligaciones de alimentos, y no la ley aplicable al establecimiento de las relaciones familiares en las que se basan las obligaciones de alimentos. El establecimiento de relaciones familiares sigue estando regulado por el Derecho nacional de los Estados miembros, incluidas sus normas de Derecho internacional privado.

Forum necessitatis. Cuando ningún tribunal de un Estado miembro sea competente lostribunales podrán, en casos excepcionales, conocer del litigio si un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un Estado tercero con el cual el litigio tiene estrecha relación. El litigio debe guardar una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional que vaya a conocer de él.

Si se ha dictado una resolución -en el Estado miembro o en el Estado parte del Convenio de La Haya de 2007 en el que el acreedor tiene su residencia habitual- el deudor no podrá iniciar en ningún otro Estado miembro un procedimiento para que se modifique la resolución o se adopte una nueva mientras el acreedor continúe residiendo habitualmente en el Estado en que se dictó la resolución. Excepto:

  1. cuando las partes hayan aceptado la competencia del tribunal de ese otro Estado miembro;
  2. cuando el acreedor se someta a la competencia de los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro en virtud del artículo 5;
  3. cuando la autoridad competente del Estado de origen parte del Convenio de La Haya de 2007 no pueda o no quiera ejercer su competencia para modificar la resolución o dictar una nueva, o
  4. cuando la resolución dictada en el Estado de origen parte del Convenio de La Haya de 2007 no pueda ser reconocida o declarada ejecutiva en el Estado miembro en el que se esté considerando la posibilidad de un procedimiento para modificar la resolución o dictar una nueva.

El tribunal de un Estado miembro al que se haya recurrido para un asunto respecto del cual no sea competente se declarará de oficio incompetente.

Si un demandado con residencia habitual en el territorio de un Estado distinto del Estado miembro donde se ejercitó la acción no compareciera, el tribunal competente suspenderá el proceso hasta que se demuestre que al demandado se le notificó el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente con antelación suficiente para que pudiera defenderse o que se tomaron todas las diligencias posibles a tal fin.

Si se formulan demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se haya formulado la segunda demanda suspenderá de oficio el proceso hasta que se declare competente el tribunal ante el cual se interpuso la primera.  Cuando éste se declare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquel.

Del mismo modo, cuando demandas conexas -esto es, vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que es oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones inconciliables – estuvieran pendientes ante tribunales de Estados miembros diferentes, el tribunal ante el que se haya presentado la segunda podrá suspender el proceso y podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición de que el tribunal ante el que se haya presentado la primera fuere competente para conocer de las demandas de que se trate y su ley permita su acumulación.

Podrán solicitarse las medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro a los tribunales de otro, incluso si el tribunal del otro es competente para conocer sobre el fondo.

La ley aplicable a las obligaciones de alimentos se determina de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias (en lo sucesivo, «el Protocolo de La Haya de 2007») en los Estados miembros que estén vinculados por este instrumento.

I. En las resoluciones dictadas en un Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 serán reconocidas en los demás Estados miembros sin que sea necesario recurrir a proceso alguno y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento. Y las que sean ejecutivas en ese Estado gozarán de fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros sin necesidad de otorgamiento de la ejecución e implicará la autorización para poner en marcha las medidas cautelares previstas en la legislación del Estado miembro de ejecución. El reconocimiento y la ejecución no implica el reconocimiento de las relaciones familiares, de parentesco, matrimonio o afinidad en que se basa la obligación de alimentos que da origen a la resolución.

El demandado que no haya comparecido en el Estado miembro de origen tendrá derecho a solicitar reexamen de la resolución ante el órgano jurisdiccional competente de dicho Estado miembro cuando: el escrito de demanda -o documento equivalente- no se le haya notificado con antelación suficiente y de manera tal que haya podido organizar su defensa, o  no haya podido impugnar la reclamación de alimentos por causa de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias, ajenas a su responsabilidad,a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución, cuando hubiera podido hacerlo. El plazo para ello empieza a partir del día en que tenga conocimiento efectivo del contenido de la resolución y haya estado en condiciones de actuar -a más tardar, a partir del día de la primera medida de ejecución que tenga por efecto inmovilizar total o parcialmente sus bienes- y en todo caso dentro de un plazo de 45 días. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia. Si el tribunal decide que está justificado el reexamen la resolución será declarada nula y sin efecto. El acreedor conserva las ventajas de la interrupción o suspensión de los plazos de prescripción o caducidad y el derecho a solicitar el pago retroactivo de alimentos que se le hubieren reconocido por el proceso inicial.

Para la ejecución de la resolución debe presentarse:

  • a) copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para establecer su autenticidad;
  • b) extracto de la resolución expedido por el tribunal de origen mediante modelo del anexo I;
  • c) si ha lugar, documento que indique el estado de los atrasos y la fecha en que se efectuó el cálculo;
  • d) si ha lugar, la trascripción o traducción del contenido del formulario. No podrá exigirse al demandante que presente traducción de la resolución, excepto para el caso que se impugne la ejecución de la resolución.

Podrá denegarse la ejecución total o parcial de la resolución a instancia del deudor,  cuando: a) el derecho a obtener la ejecución de dicha resolución haya prescrito- ya sea en virtud del Derecho del Estado miembro de origen o en virtud del Derecho del Estado miembro de ejecución, si este estableciera un plazo de prescripción más largo- b) si resulta incompatible con una resolución dictada en el Estado miembro de ejecución -o con una resolución dictada en otro Estado miembro o en otro Estado que reúna las condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución-. A estos efectos, una resolución que tenga por efecto modificar otra anterior por cambio de circunstancias no se considera una resolución incompatible.

Podrá suspenderse total o parcialmente la ejecución a instancia del deudor en caso de que se haya interpuesto una solicitud de reexamen de la resolución. Y se  suspenderá la ejecución de la resolución del órgano jurisdiccional de origen en caso de que se suspenda su fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen.

II. Por lo que hace ahora a las resoluciones dictadas en un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 serán reconocidas en los demás Estados miembros sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno. En caso de oposición, cualquier parte interesada podrá solicitar que se reconozca la resolución. Si se invoca como cuestión incidental ante un tribunal de un Estado miembro, éste será competente para conocer del asunto.

Podrá denegarse el reconocimiento de una resolución: a) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro en el que se solicita. b) si el escrito de demanda -o documento equivalente- no se notificó al demandado con antelación suficiente y de manera tal que pudiera organizar su defensa, a menos que el demandado, habiendo podido recurrir la resolución, hubiera optado por no hacerlo; c) si la resolución es incompatible con otra dictada en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento; d) o si la resolución es inconciliable con otra anterior -de otro Estado miembro o en un Estado tercero- entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro en el que se solicita el mismo. En este sentido, una decisión que tenga por efecto modificar, debido a un cambio de circunstancias, otra anterior no se considerará incompatible.

Se suspenderá  el proceso si la fuerza ejecutiva de la resolución se suspende en el Estado miembro de origen por haberse interpuesto recurso.

Las resoluciones dictadas que sean ejecutivas se ejecutarán en otro Estado miembro una vez que, a instancia de cualquier parte interesada, se haya otorgado su ejecución en este último. La competencia territorial estará determinada por la residencia habitual de la parte contra la que se solicite la ejecución o bien por el lugar de ejecución. Para la ejecución de la resolución debe presentarse:

  • a) una copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para establecer su autenticidad;
  • b) un extracto de la resolución expedido por el tribunal de origen mediante modelo del anexo II
  • c) si ha lugar, la trascripción o traducción del contenido del formulario.

La ejecución se otorga sin examen tras la conclusión de los trámites o, a más tardar, en los 30 días siguientes a su conclusión salvo impedimento por circunstancias excepcionales. La parte contra la cual se solicite la ejecución no podrá formular observaciones.

La resolución sobre la ejecución podrá ser recurrida por cualquiera de las partes en proceso contradictorio, dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación o comunicación o 45 días si la parte contra la que se solicite la ejecución tuviese su residencia habitual en un Estado miembro distinto de que haya otorgado la ejecución. El tribunal suspenderá el proceso a instancia de parte  si el carácter ejecutorio de la resolución se suspende en el Estado miembro de origen. El tribunal debe decidir en un plazo de 90 días salvo impedimento debido a circunstancias excepcionales.

El solicitante de la ejecución puede instar la adopción de medidas provisionales o cautelares sin que sea necesario el otorgamiento de la ejecución. Ahora bien, durante el plazo para interponer recurso contra el otorgamiento de la ejecución y hasta que se resuelva sobre el mismo, solo podrán adoptarse medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se haya solicitado la ejecución. Cuando la resolución se pronuncie sobre varias pretensiones de la demanda y el otorgamiento de la ejecución no pueda concederse para la totalidad de ellas, tribunal concederá la ejecución para una o varias de ellas y el demandante podrá instar un otorgamiento de ejecución parcial.

El Estado miembro de ejecución no puede percibir impuesto, derecho ni tasa alguna proporcional al valor del litigio en los procedimientos para el otorgamiento de la ejecución.

III. Algunas cuestiones comunes:

El tribunal de origen podrá otorgar fuerza ejecutiva provisional a la resolución, no obstante la interposición de un eventual recurso, aunque el Derecho nacional no prevea la fuerza ejecutiva por ministerio de la ley.

La parte que desee invocar una resolución reconocida debe presentar una copia de la resolución. Si ha lugar, el tribunal podrá pedir a la parte que desea invocarla que presente un extracto expedido por el órgano jurisdiccional de origen utilizando el modelo anexo I o II. Y la parte que invoque la resolución reconocida presentará trascripción o traducción del contenido del formulario.

El procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regirá por el Derecho del Estado miembro de ejecución. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de ejecución serán ejecutadas en este en las mismas condiciones que si se hubieran dictado en dicho Estado miembro de ejecución.

La parte que inste la ejecución de una resolución no tendrá obligación de tener en el Estado miembro de ejecución una dirección postal ni un representante autorizado, sin perjuicio de las personas con competencias en los procesos de ejecución.

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no podrán en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro en que se solicite el reconocimiento, la fuerza ejecutiva o la ejecución.

Las partes tendrán garantizado el acceso efectivo a la justicia para los procedimientos de ejecución y recurso derecho que será garantizado por el Estado miembro requerido a todo solicitante que tenga su residencia en el Estado miembro requirente. A tales fines se proporcionará el beneficio de justicia gratuita. Tampoco se exigirá ninguna fianza ni depósito para garantizar el pago de las costas y gastos de los procedimientos en materia de obligaciones de alimentos.

La justicia gratuita abarcará, en función de la necesidad, los siguientes costes:

  • a) el asesoramiento previo a la demanda con vistas a llegar a un acuerdo
  • b) la asistencia jurídica y la representación
  • c) la exención de las costas procesales y honorarios
  • d) en los Estados miembros en que pueda condenarse al pago de costas,  las costas de la parte contraria,
  • e) los servicios de interpretación;
  • f) la traducción de los documentos
  • g) los gastos de desplazamiento

El Estado miembro requerido proporcionará asistencia jurídica gratuita para todas las demandas relativas a obligaciones de alimentos a favor de menores de 21 años que se deriven de una relación paterno-filial, a no ser que resulte manifiestamente infundado.

Las transacciones judiciales y los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen serán reconocidos en los demás Estados miembros y tendrán en ellos la misma fuerza ejecutiva que las resoluciones. Para ello se expedirá, a instancia de parte un extracto de la transacción judicial o del documento público con fuerza ejecutiva mediante modelo de anexos I y II, III y IV.

Cada Estado miembro designará una autoridad central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el presente Reglamento le impone.

Solicitudes disponibles para el acreedor que pretenda el cobro de alimentos:

  • a) reconocimiento o reconocimiento y otorgamiento de ejecución de una resolución;
  • b) ejecución de una resolución dictada o reconocida en el Estado miembro requerido;
  • c) obtención de una resolución en el Estado miembro requerido cuando no exista resolución previa, incluida la determinación de la filiación en caso necesario;
  • d) obtención de una resolución en el Estado miembro requerido cuando no sea posible el reconocimiento y el otorgamiento de ejecución de una resolución dictada en un Estado que no sea el Estado miembro requerido;
  • e) modificación de una resolución dictada en el Estado miembro requerido;
  • f) modificación de una resolución dictada en un Estado distinto del Estado miembro requerido.

Solicitudes disponibles para el deudor: 

  • a) reconocimiento de una resolución que dé lugar a la suspensión o la limitación de la ejecución de una resolución anterior en el Estado miembro requerido;
  • b) modificación de una resolución dictada en el Estado miembro requerido;
  • c) modificación de una resolución dictada en un Estado distinto del Estado miembro requerido.

Ver texto íntegro en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-80018

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