Uso de redes sociales y concepto de consumidor. Asunto Maximilian Schrems vs Facebook Ireland Limited

Sentencia del Tribunal de Justicia  de la Unión Europea en asunto Maximilian Schrems vs Facebook Ireland Limited, (C‑498/16)  de 25 de enero de 2018.

Extractamos y resumimos a continuación los pasajes más relevantes de esta sentencia (ver texto íntegro en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A62016CJ0498

El Sr. Schrems es usuario de Facebook desde 2008. Inicialmente utilizaba dicha red social con fines exclusivamente privados y bajo un nombre ficticio. Desde 2010 se sirve de una cuenta de Facebook solamente para sus actividades privadas, como el intercambio de fotos, el chateo y la publicación de aportaciones; tiene aproximadamente doscientos cincuenta amigos. En esa cuenta escribe su nombre en caracteres cirílicos, para evitar que se le busque con su nombre. Asimismo, desde 2011 tiene abierta una página de Facebook, registrada y creada por él mismo, a fin de informar a los internautas sobre sus acciones contra Facebook Ireland, sus conferencias, sus participaciones en debates públicos y sus apariciones en los medios, además de para solicitar donaciones y hacer publicidad de sus libros. Desde agosto de 2011, el Sr. Schrems ha presentado ante la comisión irlandesa de protección de datos veintitrés reclamaciones contra Facebook Ireland, una de las cuales dio origen a una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia (sentencia de 6 de octubre de 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650). El Sr. Schrems ha publicado dos libros en relación con su actuación contra supuestas infracciones en materia de protección de datos; ha pronunciado conferencias (en ocasiones, remuneradas), entre otros eventos, en actos comerciales, y ha registrado numerosos sitios web, como blogs, peticiones en línea y sitios de financiación colectiva de procedimientos contra la demandada en el litigio principal. Además, ha fundado una asociación para que se respete el derecho fundamental a la protección de datos; ha recibido diversos premios, y más de veinticinco mil personas de todo el mundo le han cedido derechos para que los ejerza en el presente procedimiento. La asociación fundada por el Sr. Schrems para que se respete la protección de datos no tiene ánimo de lucro y tiene por objeto lograr que se respete al derecho fundamental a la protección de datos, realizar la necesaria labor de divulgación y de presencia en los medios y de información política. Su objetivo es apoyar financieramente procesos-modelo de interés general contra empresas que puedan poner en peligro dicho derecho fundamental. Se trata también de reunir los fondos necesarios, para lo cual recauda, administra y distribuye donaciones. Alega que la demandada es responsable de numerosas infracciones de disposiciones en materia de protección de datos, en particular de la Ley austriaca de protección de datos de 2000, de la Data Protection Act 1988 (Ley irlandesa de protección de datos de 1988) o de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Ha formulado, ante el Tribunal Regional Civil de Viena, Austria, pretensiones detalladas, en primer lugar, de carácter declarativo, por lo que respecta a la mera condición de prestador de servicios de la demandada en el litigio principal y a la sujeción de ésta a las instrucciones de terceros, o a su condición de mandante cuando el tratamiento de los datos se realiza para sus propios fines, así como a la invalidez de las cláusulas contractuales relativas a las condiciones de uso; en segundo lugar, de cesación, por lo que respecta al uso de sus datos para sus propios fines o para los fines de terceros; en tercer lugar, de información, sobre el uso de sus datos y, en cuarto lugar, de rendición de cuentas y de ejecución, en relación con la modificación de las condiciones de contratación, la indemnización y el enriquecimiento sin causa. Afirma basarse para ello tanto en sus propios derechos como en los derechos similares que otras siete personas que han contratado con la demandada en el litigio principal, también consumidores y residentes en Austria, Alemania y la India, le cedieron en vista de sus actuaciones contra Facebook Ireland. Según el Sr. Schrems, el referido órgano jurisdiccional era internacionalmente competente por ser el fuero del consumidor, con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001. Facebook Ireland formuló, en particular, la excepción de falta de competencia internacional.

Sobre la Primera cuestión prejudicial que se plantea el Tribunal afirma que:

El concepto de «consumidor» en el sentido de los artículos 15 y 16 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse de forma restrictiva, en relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de éste, y no con la situación subjetiva de dicha persona, dado que una misma persona puede ser considerada consumidor respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras (Asuntos Benincasa, Gruber). Sólo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo les es de aplicación el régimen específico establecido por dicho Reglamento para la protección del consumidor como parte considerada económicamente más débil, mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional.

De lo anterior se desprende que, en principio, las reglas de competencia específicas de los artículos 15 a 17 del Reglamento n.º 44/2001 solamente se aplican en el supuesto de que la finalidad del contrato celebrado entre las partes tenga por objeto un uso que no sea profesional del bien o servicio de que se trata.

Por lo que respecta a una persona que celebra un contrato para un uso que está relacionado parcialmente con su actividad profesional y que, por tanto, tan sólo es parcialmente ajeno a ésta, el Tribunal de Justicia ha considerado que podría ampararse en dichas disposiciones únicamente en el supuesto de que el vínculo de dicho contrato con la actividad profesional del interesado fuera tan tenue que pudiera considerarse marginal y, por tanto, sólo tuviera un papel insignificante en el contexto de la operación, considerada globalmente, respecto de la cual se hubiera celebrado el contrato (Asunto Gruber).

Conforme a la exigencia de interpretar de manera restrictiva el concepto de «consumidor» procede tener en cuenta sobre todo, en el caso de los servicios de una red social digital que van a ser utilizados durante un largo período de tiempo, la evolución posterior del uso que se hace de dichos servicios.  Un demandante usuario de tales servicios sólo podría invocar la condición de consumidor si el uso esencialmente no profesional de tales servicios para el cual celebró inicialmente un contrato no ha adquirido con posterioridad un carácter esencialmente profesional.

El concepto de «consumidor» se define por oposición al de «operador económico» (Benincasa, Gruber) y es independiente de los conocimientos y de la información de que la persona de que se trate dispone realmente (Costea), ni la especialización que esa persona pueda alcanzar en el ámbito del que forman parte dichos servicios ni su implicación activa en la representación de los derechos e intereses de los usuarios de éstos le privan de la condición de «consumidor» en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.º 44/2001. Una interpretación del concepto de «consumidor» que excluyese tales actividades equivaldría a impedir una defensa efectiva de los derechos que tienen los consumidores frente a sus cocontratantes profesionales, incluidos los relativos a la protección de sus datos personales. Tal interpretación no tendría en cuenta el objetivo formulado en el artículo 169 TFUE, apartado 1, de promover su derecho a organizarse para salvaguardar sus intereses.

El artículo 15 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que un usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la condición de «consumidor» en el sentido de ese artículo cuando publica libros, pronuncia conferencias, gestiona sitios web, recauda donaciones y acepta la cesión de los derechos de numerosos consumidores para ejercerlos ante los tribunales.

Sobre la segunda cuestión prejudicial:

Dado que el régimen particular establecido en los artículos 15 y siguientes del Reglamento n.º 44/2001 está inspirado por el interés en proteger al consumidor como parte del contrato considerada económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada que su cocontratante, sólo se protege al consumidor cuando es personalmente demandante o demandado en un procedimiento. Por tanto, el demandante que no es, él mismo, parte en el contrato celebrado con consumidores de que se trate no puede acogerse al fuero del consumidor (Shearson Lehman Hutton). Estas consideraciones deben ser válidas también por lo que respecta a un consumidor cesionario de los derechos de otros consumidores. El requisito relativo a la existencia de un contrato celebrado entre el consumidor y el profesional demandado permite garantizar la previsibilidad de la atribución de competencia. El hecho de que el cesionario consumidor pueda en todo caso interponer una acción ante el tribunal del lugar de su domicilio en virtud de los derechos que para él personalmente se derivan de un contrato celebrado con el demandado, análogos a los que le han sido cedidos, no puede hacer que éstos queden también sometidos a la competencia de dicho tribunal.

Tampoco una transmisión de créditos puede, en sí misma, tener incidencia sobre la determinación del tribunal competente (ÖFAB, CDC Hydrogen Peroxide). De ello se desprende que la competencia de otros tribunales distintos de los enumerados de manera explícita por el Reglamento n.º 44/2001 no puede establecerse mediante la concentración de varios derechos en manos de un único demandante. Por consiguiente, una cesión como la controvertida en el litigio principal no puede fundamentar un nuevo fuero específico en favor del consumidor cesionario.

Habida cuenta del conjunto de consideraciones que anteceden, el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a la acción de un consumidor con la que pretende ejercer ante el tribunal del lugar en el que está domiciliado no sólo sus propios derechos, sino también derechos cedidos por otros consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o en terceros Estados.

Ver texto íntegro en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A62016CJ0498

 

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