¿Hacia un proceso civil uniforme en la Unión Europea?

La Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas mínimas comunes del proceso civil en la Unión Europea (2015/2084(INL) constituye un primer paso para la promulgación de una futura Directiva que tendrá como finalidad fomentar la aplicación de normas mínimas comunes del proceso civil para garantizar un acceso efectivo a la justicia en la Unión reconocido en el  artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Este impulso quiere aprovechar asimismo los importantes avances tecnológicos en el ámbito de la justicia y las TIC que pueden ayudar a superar las distancias geográficas y sus consecuencias en términos de elevados costes y duración de los procesos. De este modo se recomienda:

  • Permitir a las personas ser oídas sin exigirles que viajen hasta el órgano jurisdiccional,
  • Que los Estados miembros deban asegurarse que las vistas orales y la obtención de pruebas mediante la declaración de testigos, peritos o partes puedan llevarse a cabo utilizando cualquier medio de comunicación a distancia adecuado, a no ser que, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, el uso de dicha tecnología no sea adecuado para el correcto desarrollo del proceso.
  • Que los órganos jurisdiccionales puedan basarse en las opiniones de expertos en relación con temas técnicos, jurídicos o de obtención de pruebas. Y para ello deben poder nombrar peritos para llevar a cabo investigaciones en otro Estado miembro sin necesidad de autorizaciones previas (asistencia pericial).
  • Se sugiere la creación de un repertorio europeo de todas las listas nacionales de peritos y mantenerlo actualizado dentro del Portal Europeo de e-Justicia.
  • Las medidas provisionales y cautelares deben perseguir un equilibrio adecuado entre el interés del solicitante en que se le conceda protección provisional y el de la parte demandada en evitar que se abuse de esta protección. Deberá demostrarse que la demanda exige urgentemente la protección judicial y que, sin las medidas provisionales, la ejecución de la sentencia existente o futura puede verse impedida o dificultada de forma sustancial.
  • Debe garantizarse el acceso a métodos tanto judiciales como extrajudiciales de resolución de litigios. Y con el fin de alentar a las partes a hacer uso de la mediación, los Estados miembros deben garantizar que sus normas sobre plazos de caducidad y prescripción no impidan a las partes recurrir a los tribunales o al arbitraje en caso de que fracase su intento de mediación.
  • Establecimiento de métodos de notificación electrónicos que garanticen una recepción rápida y segura de los documentos, confirmada por un acuse de recibo. Los medios electrónicos disponibles deben garantizar que el contenido de los documentos y otras comunicaciones escritas recibidos sea fiel y conforme al de comunicaciones escritas y documentos enviados, y que el método utilizado para el acuse de recibo confirme la recepción por el destinatario y la fecha de dicha recepción.
  • Garantizar que las partes tengan derecho a un abogado de su elección. Y en los litigios transfronterizos, derecho a un abogado en el Estado de origen para el asesoramiento preliminar, y a otro en el Estado de acogida para llevar el litigio.
  • Respetar la confidencialidad de las reuniones y otras formas de comunicación entre el letrado y las partes en el contexto del derecho a asistencia letrada.
  • La información sobre las tasas judiciales y los medios de pago, así como sobre las autoridades u organizaciones competentes para prestar asistencia práctica en los Estados miembros, debe ser transparente y fácilmente accesible en internet a través de sitios web nacionales adecuados.
  • Velar por el respeto del derecho fundamental a la asistencia jurídica gratuita que debe incluir el asesoramiento previo a la demanda con vistas a alcanzar un acuerdo antes de iniciar el proceso, así como la asistencia jurídica y la representación letrada ante el tribunal y la ayuda para el pago de las costas procesales.

La futura Directiva tiene previsto establecer normas mínimas, de modo que los  Estados miembros puedan siempre ampliar los derechos establecidos y ofrecer un mayor nivel de protección, aspecto que no contribuye a la uniformidad de los procesos civiles. Es, en cualquier caso, un paso avanzado en el proceso de digitalización que ya cuenta con ambiciosos Proyectos a nivel de la Unión.

Ver texto en: https://bit.ly/2I58Mai

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