Encuentro del CGPJ, Abogacía especializada en Derecho de familia y Gabinetes técnicos de psicología jurídica del menor y forense. Madrid 9, 10 y 11 de octubre de 2017

En sus conclusiones definitivas se recogen algunos desideratums que resumo a continuación:

  • Necesaria implementación y desarrollo de la mediación intrajudicial en
    los procesos de familia a través de una jurisdicción especializada en persona y familias.
  • Se considera muy importante para divulgar la mediación promover y apoyar una
    actitud positiva hacia esta y  homogeneizar la información en los juzgados.
  • Es necesario mejorar la Sesión Informativa Presencial (SIP) con protocolos claros
    que refuercen la asistencia personal de mediados y letrados.
  • No deben permitirse Sesiones Informativas telefónicas. La SIP debe ser impartida por mediadores expertos.
  • Se considera que la mediación puede ser una herramienta de actuación preventiva de la violencia situacional ligada con las rupturas familiares, siempre que se garantice la igualdad entre las partes mediadas.
  • La derivación a la SIP desde los juzgados debe realizarse en los momentos iniciales
    del proceso contencioso.
  • Debe incorporarse la posible solicitud de mediador de oficio, equiparando la vía autocompositiva con la adversarial. En los colegios de abogados, junto a los SOJ (Servicios de orientación jurídica) deberían coexistir los denominados SOM (Servicios de orientación en mediación)
  • Se recomienda la inclusión de cláusulas de sumisión previa a mediación en los
    convenios reguladores.
  • Ni los abogados, ni los jueces, ni demás personas o Instituciones que intervienen en
    los procesos de familia deben derivar a mediación casos en los que claramente se vea que no es viable la mediación por falta de voluntad de las partes, problemas
    terapéuticos o porque lo prohíba la ley.
  • Se recomienda que los mediadores informen a los mediados sobre la necesidad de
    consultar con sus letrados, durante el proceso de mediación, sobre las cuestiones
    jurídicas.
  • Necesidad de que Jueces y LAJ tengan formación especializada en mediación, muy especialmente en materia de confidencialidad y prueba ilícita o irregular, dada la frecuencia con la que aparecen en los procesos interacciones del principio de confidencialidad de la mediación y del derecho a la prueba en el proceso.
  • Se recomienda, por considerarlo necesario, que todos los profesionales que participan en el proceso de familia, es decir, jueces, fiscales, letrados del tribunal, gestores procesales, abogados, procuradores y técnicos de los equipos psicosociales y puntos de encuentro tengan formación específica en los aspectos esenciales de la mediación. Especialmente, se trataría de que posean conocimientos para saber derivar a mediación: cómo y cuando derivar y qué conflicto debe ser objeto de mediación. La formación de los mediadores que reciban casos judicializados debe ser la general propia de las intervenciones en mediación, sus principios y habilidades teóricas y prácticas, y también una formación especializada en cuanto al proceso judicial de familia, las instituciones de derecho básicas en esta materia, asi como en psicología infantil en situaciones de conflicto.
  • Se propone que, junto a otros modelos de implementación de la mediación conectada con los tribunales, los juzgados de familia puedan disponer de un listado de mediadores especializados en conflictos de derecho de familia con hijos menores o con capacidad judicialmente modificada, que cada año será aprobada por los
    Tribunales Superiores de Justicia entre los candidatos que reúnan las condiciones
    idóneas, según los principios de formación especializada, experiencia, mérito y
    capacidad. Se fomentará también la creación de Unidades de Mediación Intrajudicial vinculadas a los tribunales que prestarán servicio directo a los mismos. La SCAF formula una observación por posible conflicto de esta propuesta con la existencia de Registros Públicos de mediadores.
  • En los casos de incumplimientos de las medidas judiciales adoptadas respecto a las
    relaciones personales con hijos menores o discapacitados, y especialmente las que
    tengan por objeto visitas de menores con componentes transfronterizos, así como en retenciones, traslados ilícitos o incidencias similares, los tribunales, sin perjuicio de las medidas urgentes que procedan, facilitarán procesos de mediación eficaces y
    adaptados a tales circunstancias.
  • En los procesos de familia, además del recurso a la mediación, debe favorecerse por
    los tribunales la intervención en conciliación, el arbitraje respecto a puntuales
    diferencias de carácter económico o patrimonial, la intervención de los puntos de
    encuentro, de la orientación post sentencia y de coordinadores de parentalidad que
    puedan facilitar la pacificación de las relaciones familiares y la efectividad de los
    derechos de los menores de mantener la mejor relación posible con sus progenitores.
  • Se considera que puede ser una buena práctica en el desarrollo de la SIP el realizar
    ésta de forma separada con cada uno de los mediados, debiendo el mediador valorar en cada caso efectuarla así o de forma conjunta, salvo que expresamente lo pida alguno de los mediados.
  • Se valora que en los Puntos de Encuentro Familiar se utilicen técnicas mediacionales en la gestión de los casos derivados, así como que en tales centros, por decisión judicial, puedan realizarse intervenciones terapéuticas, por especialistas contrastados, con los grupos familiares que utilizan ese recurso.
  • Se procurará que la derivación a mediación desde el tribunal se realice aprovechando los tiempos de espera que existen entre los diversos trámites del proceso contencioso.
    En los casos en los que se haya de suspender el trámite, por decisión voluntaria de las partes de acudir a mediación, una vez finalizada ésta, si es con acuerdo se señalará lo antes posible para la ratificación del mismo, y si es sin acuerdo se procurará su señalamiento en la fecha más próxima posible para que no se vean perjudicadas las personas que han intentado la mediación.
  • La mediación conectada con los tribunales, además de para otros fines, debe servir
    para fomentar la mediación prejudicial, por considerarse que el lugar natural de la
    mediación debe ser en la antesala del proceso judicial.
  • Es necesario exigir un compromiso de las CC.AA y el M. de Justicia con la mediación que suponga una aportación de medios materiales y personales para poder desarrollar una mediación intrajudicial de calidad.
  • Sería necesario testar los distintos modelos que se están implementando en el
    desarrollo de la mediación intrajudicial para valorar las fortalezas, eficacias,
    debilidades y lagunas de cada uno de ellos, los modelos europeos, y tratar de
    configurar un modelo uniforme en todo el Estado.
  • Se constata que las partes que acuden a mediación se muestran satisfechas en la
    mayoría de los casos, con independencia de que hayan alcanzado o no acuerdos.
  • Debería reformarse la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, para reconocer, más allá de la legislación autonómica existente, una especialización
    legislativa a la mediación familiar intrajudicial de la que ahora carece.
  • Se recomienda que los despachos de abogados de familia tengan uno o varios mediadores de referencia para poder recomendar a sus clientes, o puedan requerir para que intervengan en los casos en los que el abogado considere que es mediable. Si están interviniendo dos letrados, ambos abogados se pondrán de acuerdo en el nombramiento del mediador y, en su defecto, acudirán al Registro de Mediadores de cada Comunidad.
  • En los casos de archivo tras denuncia por violencia se considera conveniente derivar a mediación dado que la vuelta al hogar es altamente conflictiva. Themis sin embargo recuerda que la mediación está prohibida por Ley en situaciones de violencia de género por cuanto no existe igualdad entre las partes, igualdad que es  imprescindible para cualquier mediación.

Ver texto íntegro en: file:///C:/Users/Aura/Downloads/Conclusiones%20Encuentro%202017.pdf

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