En consumo, la mediación puede constituir requisito de admisibilidad de la demanda judicial si no impide el derecho de acceso al sistema judicial y no impone asistencia letrada (TJUE en Asunto Menini)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de junio de 2017 en Asunto Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli vs Banco Popolare Società Cooperativa, C‑75/16

Extractamos y resumimos a continuación los pasajes más relevantes de esta sentencia (ver texto íntegro en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&doclang=ES

Banco Popolare autorizó al Sr. Menini y a la Sra. Rampanelli aperturas de crédito en cuenta corriente sobre la base de tres contratos sucesivos, con el fin de permitirles adquirir acciones. Banco Popolare obtuvo un requerimiento de pago contra el Sr. Menini y la Sra. Rampanelli correspondiente al saldo que al parecer adeudaban. El Sr. Menini y la Sra. Rampanelli formularon oposición a dicho requerimiento y solicitaron la suspensión de las medidas de ejecución provisional de que habían sido objeto. El Tribunal Ordinario de Verona, Italia, señala que, conforme al Derecho nacional, tal procedimiento de oposición sólo es admisible a condición de que las partes hayan incoado previamente un procedimiento de mediación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 bis y 4, del Decreto Legislativo n.o 28/2010. Asimismo, observa que el litigio de que conoce está comprendido en el ámbito de aplicación del Código de Consumo, y que el Sr. Menini y la Sra. Rampanelli deben ser considerados «consumidores» dado que concluyeron contratos que pueden calificarse como «contratos de servicios». El Tribunal sostiene que la Directiva ADR de consumo establece un sistema único, exclusivo y armonizado para los litigios en los que estén implicados los consumidores y que es vinculante para los Estados miembros en cuanto a la consecución del objetivo perseguido por ella. Aduce que, por tanto, dicha Directiva debería aplicarse también a los procedimientos contemplados en la Directiva 2008/52.

El Tribunal de Justicia declara:

La Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la que es objeto del procedimiento principal, conforme a la cual, en los litigios contemplados en el artículo 2, apartado 1 de esta Directiva, el recurso a un procedimiento de mediación constituye un requisito de admisibilidad de la demanda judicial relativa a dichos litigios, en la medida en que tal exigencia no impide que las partes ejerzan su derecho de acceso al sistema judicial.

En cambio, dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la que es objeto del procedimiento principal, que establece que en el marco de tal mediación los consumidores deben ser asistidos por un abogado y que únicamente pueden retirarse de un procedimiento de mediación si demuestran que existe una causa justa que sustente su decisión.

Ver texto íntegro en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191706&doclang=ES

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