En consumo incumbe a los tribunales constatar si se ha vulnerado la obligación de información y deducir todas las consecuencias que procedan de la constatación del carácter abusivo de las cláusulas

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de fecha de 21 de abril de 2016, Asunto Radlinger vs Finway a.s., (C‑377/14)

Extractamos y resumimos a continuación los pasajes más relevantes de esta sentencia (ver texto íntegro en http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176802&doclang=ES

Los esposos Radlinger celebraron un contrato de crédito al consumo con Smart Hypo s. r. o., en virtud del cual ésta les concedió un préstamo. Como contraprestación los esposos Radlinger se comprometieron a devolver un importe que comprendía el principal del crédito, los intereses sobre el principal a un tipo del 10 % anual durante toda la duración del crédito, la remuneración del acreedor y otros gastos. La TAE del crédito al consumo controvertido en el litigio principal ascendía al 28,9 %. Los esposos Radlinger se comprometieron igualmente a abonar además de los intereses de demora fijados por la ley, una penalización del 0,2 % del principal inicialmente prestado por cada día o fracción de día de retraso, una sanción contractual a tanto alzado en el caso de que la demora fuese superior a un mes, y una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización por los gastos de cobro del importe adeudado. Por último, el acreedor se reservaba el derecho a reclamar de inmediato la devolución íntegra de los importes adeudados en caso de impago o demora en el pago de cualquier mensualidad o en caso de que se revelara que su consentimiento había sido viciado por una ocultación dolosa de información por parte de los esposos Radlinger. Ninguna cantidad fue abonada efectivamente a los esposos, el crédito se utilizó para liquidar deudas anteriores contraídas con un agente judicial, para abonar los gastos notariales y para pagar al prestamista los gastos del referido crédito, la primera mensualidad y una parte de las mensualidades siguientes. Finway, a quien Smart Hypo s. r. o. había cedido los créditos que ostentaba informó de la exigibilidad inmediata de la totalidad de la deuda, basándose en que al celebrar el contrato controvertido en el litigio principal se había ocultado información esencial. Según Finway, los esposos Radlinger habían ocultado el hecho de que se había decretado un embargo de sus bienes. Mediante requerimiento extrajudicial esta sociedad instó nuevamente a los esposos Radlinger a abonar la deuda, precisando que esa deuda había pasado a ser inmediatamente exigible porque los interesados no habían procedido debidamente y dentro de plazo al reembolso del crédito. Los esposos Radlinger solicitan ante el Tribunal regional de Pilsen que se les declarase en concurso de acreedores y se apruebe un convenio en forma de plan de pagos, puesto que no podían cumplir sus obligaciones financieras y habían acumulado un retraso en los pagos de más de tres meses. Esta solicitud fue remitida al Tribunal regional de Praga, quien los declaró en concurso de acreedores, designó un administrador concursal e instó a los acreedores a comunicar sus créditos. En el marco del procedimiento concursal, Finway comunicó dos créditos ejecutivos, el primero garantizado mediante una hipoteca, y el segundo desprovisto de garantía y correspondiente a la penalización estipulada en el contrato controvertido en el litigio principal. Los esposos Radlinger reconocieron el carácter ejecutivo de los créditos pero impugnaron su importe, alegando que las cláusulas del contrato controvertido en el litigio principal eran incompatibles con las buenas costumbres. El tribunal aprobó la propuesta de convenio de los esposos Radlinger en forma de un plan de pagos de carácter solidario. Los esposos Radlinger interpusieron una demanda incidental ante el referido órgano jurisdiccional en la que solicitaban, en su condición de deudores, que se declarase la ilegalidad parcial o total de los créditos comunicados por Finway. el Tribunal afirma que, en virtud de la Ley concursal, el deudor únicamente puede impugnar los créditos no garantizados, y ello tan sólo en el marco de una demanda incidental basada exclusivamente en la prescripción o en la extinción de la deuda. Habida cuenta de que el contrato controvertido en el litigio principal, del que se derivan los créditos comunicados por Finway, es simultáneamente un contrato de crédito al consumo, en el sentido de la Directiva 2008/48, y un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, en el sentido de la Directiva 93/13, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si las obligaciones que resultan de las disposiciones de esta última Directiva se imponen igualmente al juez concursal que conoce de la impugnación de unos derechos de crédito derivados de un contrato de crédito.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara:

1)      El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa procesal nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, en un procedimiento concursal, por un lado, no permite que el juez concursal examine de oficio el carácter supuestamente abusivo de las cláusulas contractuales de las que se derivan los créditos comunicados en el marco de tal procedimiento, aunque este juez disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello, y que, por otro lado, sólo permite que dicho juez examine los créditos que no vayan acompañados de una garantía, y ello únicamente en relación con un número limitado de alegaciones basadas en la prescripción o en la extinción de tales créditos.

2)      El artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que impone al órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio relativo a unos derechos de crédito derivados de un contrato de crédito la obligación de examinar de oficio si se cumple la obligación de información establecida en dicha disposición y de deducir las consecuencias previstas en el Derecho nacional para el incumplimiento de tal obligación, siempre que las sanciones respeten las exigencias del artículo 23 de la misma Directiva.

3)      Los artículos 3, letra l), y 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48 y la parte I del anexo I de esta Directiva deben interpretarse en el sentido de que el importe total del crédito y el importe de la disposición del crédito designan la totalidad de las cantidades puestas a disposición del consumidor, lo que excluye las cantidades destinadas por el prestamista al pago de los costes derivados del crédito en cuestión y que no se abonan efectivamente al consumidor.

4)      Las disposiciones de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que, para apreciar si la indemnización impuesta al consumidor que no cumpla sus obligaciones es desproporcionadamente alta, en el sentido del punto 1, letra e), del anexo de esta Directiva, procede evaluar el efecto acumulativo de todas las cláusulas indemnizatorias que figuren en el contrato de que se trate, con independencia de que el acreedor exija efectivamente el pleno cumplimiento de cada una de ellas, y en el sentido de que, en su caso, incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la referida Directiva, deducir todas las consecuencias que procedan de la constatación del carácter abusivo de algunas cláusulas, excluyendo todas y cada una de las que se hayan declarado abusivas, a fin de asegurarse de que tales cláusulas no vinculan el consumidor.

Ver texto íntegro en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176802&doclang=ES

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