Regímenes económicos matrimoniales en la Unión europea, reconocimiento y ejecución

El Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe incluir todos los aspectos de Derecho civil de los regímenes económicos matrimoniales, relacionados tanto con la administración cotidiana del patrimonio matrimonial como con la liquidación del régimen, en particular como consecuencia de la separación de la pareja o del fallecimiento de uno de los cónyuges. A efectos del presente Reglamento, el término «régimen económico matrimonial» debe interpretarse de forma autónoma y ha de abarcar no solo las normas imperativas para los cónyuges, sino también las normas opcionales que los cónyuges puedan acordar de conformidad con el Derecho aplicable, así como cualesquiera normas por defecto del Derecho aplicable. Incluye no solo las capitulaciones matrimoniales específica y exclusivamente previstas para el matrimonio por determinados ordenamientos jurídicos nacionales, sino también toda relación patrimonial, entre los cónyuges y en sus relaciones con terceros, que resulte directamente del vínculo matrimonial o de su disolución.

Se excluye de su ámbito de aplicación: la capacidad jurídica de los cónyuges; la existencia, validez y reconocimiento del matrimonio; las obligaciones de alimentos; la sucesión por causa de muerte de uno de los cónyuges; la seguridad social; el derecho de transmisión o ajuste entre los cónyuges, en caso de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio, de los derechos de pensión de jubilación o de invalidez devengados durante el matrimonio y que no hayan dado lugar a ingresos en forma de pensión durante este; la naturaleza de los derechos reales sobre un bien, y cualquier inscripción en un registro de derechos sobre bienes muebles o inmuebles, incluidos los requisitos legales para llevarla a cabo, y los efectos de la inscripción o de la omisión de la inscripción de tales derechos en un registro.

Cuando se interponga ante un tribunal de un Estado miembro una demanda de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio, será competente para resolver sobre el régimen económico matrimonial que surja en conexión con dicha demanda. Ahora bien, la competencia estará  sujeta al acuerdo de los cónyuges cuando el  tribunal:

  • sea un tribunal en el que el demandante resida habitualmente y haya residido durante al menos un año inmediatamente antes de la fecha de interposición de la demanda.
  • sea un tribunal del que el demandante sea nacional y en el que resida habitualmente y haya residido durante al menos seis meses inmediatamente antes de la fecha de interposición de la demanda
  • deba resolver en los casos de conversión de la separación judicial en divorcio, o competencia residual.

Cuando ningún tribunal sea competente o en otros casos distintos, será competente para resolver sobre el régimen económico matrimonial el tribunal en cuyo territorio:

  1. los cónyuges tienen su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda ante el tribunal, o, en su defecto,
  2. hayan tenido los cónyuges su última residencia habitual, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda, o, en su defecto,
  3. tenga el demandado su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda, o, en su defecto,
  4. la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la interposición de la demanda.

Las partes podrán acordar que el tribunal del Estado miembro cuya ley sea aplicable o el tribunal del Estado miembro de la celebración del matrimonio tengan competencia exclusiva para resolver sobre las cuestiones relativas al régimen económico matrimonial. Tal acuerdo debe expresarse por escrito –incluso por medios electrónicos con registro duradero- fechado y firmado por las partes.

Será competente también, con algunas excepciones que indica el Reglamento, el tribunal cuya ley sea aplicable y ante el que comparezca el demandado. El tribunal se asegurará de que el demandado sea informado de su derecho a impugnar la competencia y de las consecuencias de su comparecencia o incomparecencia.

 

Competencia alternativa.  Con carácter excepcional, si un tribunal competente considera que en su Derecho internacional privado no está reconocido el matrimonio en cuestión a efectos del procedimiento sobre el régimen económico matrimonial, podrá inhibirse sin dilación indebida. Si las partes acuerdan atribuir la competencia a lo tribunal de cualquier otro Estado miembro, la competencia para resolver sobre el régimen económico matrimonial recaerá en los tribunales de ese Estado miembro. En los demás casos, la competencia para resolver recaerá en los tribunales de cualquier otro Estado miembro o en los tribunales del Estado miembro de la celebración del matrimonio. Esto no se aplicará cuando las partes hayan obtenido una resolución de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio que sea susceptible de ser reconocida en el Estado miembro del foro.

Competencia subsidiaria. Cuando ningún tribunal, o todos se hayan inhibido y ningún tribunal sea competente, lo será en la medida en que un bien inmueble de uno o ambos cónyuges se encuentre en el territorio de dicho Estado miembro, en cuyo caso el tribunal que conozca del asunto solo será competente para resolver sobre el bien inmueble de que se trata.

Forum necessitatis. Cuando ningún tribunal sea competente o cuando todos se han inhibido y ninguno sea competente, los tribunales de un Estado miembro, con carácter excepcional, podrán resolver sobre el régimen económico matrimonial si el proceso no pudiere incoarse o desarrollarse razonablemente o si resultare imposible en un tercer Estado con el cual el asunto tuviese una conexión estrecha. El asunto deberá tener una conexión suficiente con el Estado miembro del tribunal que vaya a conocer de él.

Cuando la herencia del causante comprenda bienes situados en un tercer Estado, el tribunal que resuelva sobre el régimen económico matrimonial podrá, a instancia de una de las partes, optar por no resolver sobre uno o más de dichos bienes cuando quepa esperar que su resolución respecto de dichos bienes no será reconocida ni, en su caso, declarada ejecutoria en dicho tercer Estado.

Verificación de la competencia y admisibilidad. Cuando un tribunal conozca de un asunto en materia de régimen económico matrimonial sobre el que no sea competente se declarará incompetente de oficio.

Cuando un demandado con residencia habitual en un Estado distinto no comparezca, el tribunal suspenderá el procedimiento en tanto no se acredite que el demandado ha podido recibir el escrito de demanda o el documento equivalente con tiempo suficiente para preparar su defensa, o que se han tomado todas las medidas necesarias a tal fin.

Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1393/2007, se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, si el escrito de demanda o el documento equivalente hubiera de transmitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.

Litispendencia. Cuando se interpongan demandas con el mismo objeto y las mismas partes ante tribunales de Estados miembros diferentes, los tribunales posteriores suspenderán de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el primero. Cualquier otro tribunal ante el que se haya interpuesto una demanda informará sin dilación al primero de la fecha en que se interpuso la demanda. Cuando se establezca que es competente el primer tribunal los demás se inhibirán a favor de aquel.

Cuando haya demandas conexas – es decir, conectadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar el riesgo de resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueran juzgados separadamente- pendientes ante tribunales de Estados miembros diferentes, los tribunales ante los que se hayan interpuesto las demandas posteriores podrán suspender el procedimiento. Si las demandas están pendientes en primera instancia, los tribunales posteriores también podrán inhibirse, a instancia de una de las partes, siempre que el primer tribunal sea competente para conocer de dichas demandas y su ley permita su acumulación.

Podrán instarse ante los tribunales de un Estado miembro las medidas provisionales y cautelares de que pudiera disponerse con arreglo al Derecho de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo del asunto.

Aplicación universal. La ley que se determine aplicable se aplicará aunque no sea la de un Estado miembro.

La ley aplicable al régimen económico matrimonial se aplicará a todos los bienes incluidos en dicho régimen, con independencia de donde los bienes estén situados.

Los cónyuges o futuros cónyuges podrán designar o cambiar de común acuerdo la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, siempre que se trate de una de las siguientes leyes:  la ley del Estado en el que los cónyuges o uno de ellos, tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del acuerdo, o la ley del Estado de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges o futuros cónyuges en el momento en que se celebre el acuerdo.

Cambios no retroactivos. Salvo acuerdo en contrario de los cónyuges, todo cambio de la ley aplicable al régimen económico matrimonial efectuado durante el matrimonio solo surtirá efectos en el futuro. Ningún cambio retroactivo afectará negativamente a los derechos de terceros. Tales acuerdos deben ser expresados por escrito –inclusive los electrónicos con registro duradero- fechados y firmados por ambos cónyuges. Si la ley del Estado miembro en el que ambos cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del acuerdo establece requisitos formales adicionales para las capitulaciones matrimoniales, dichos requisitos serán de aplicación. Y si los cónyuges tienen su residencia habitual en distintos Estados miembros en el momento de la celebración del acuerdo y las leyes de ambos Estados disponen requisitos formales diferentes para las capitulaciones matrimoniales, el acuerdo será formalmente válido si cumple los requisitos de una de las dos leyes. Si, en la fecha de celebración del acuerdo, solo uno de los cónyuges tiene su residencia habitual en un Estado miembro y la ley de ese Estado establece requisitos formales adicionales para las capitulaciones matrimoniales, dichos requisitos serán de aplicación.

La existencia y la validez de un acuerdo se determinará con arreglo a la ley que sería aplicable si el acuerdo o la disposición fueran válidos. No obstante, un cónyuge, para establecer que no ha dado su consentimiento, podrá invocar la ley del país donde tenga su residencia habitual en el momento de sustanciar el asunto ante el tribunal si de las circunstancias resulta que no sería razonable determinar el efecto de su conducta de conformidad con la ley especificada.

En defecto de acuerdo la ley aplicable al régimen económico matrimonial será la ley del Estado:

  1. de la primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración, o en su defecto,
  2. de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración, o, en su defecto,
  3. con la que ambos cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio, teniendo en cuenta todas las circunstancias.

Excepcionalmente y a instancia de cualquiera de los cónyuges, la autoridad judicial que tenga competencia para resolver sobre el régimen económico matrimonial podrá decidir que la ley de un Estado distinto del Estado cuya ley sea aplicable regirá el régimen económico matrimonial si el demandante demuestra que: los cónyuges tuvieron su última residencia habitual común en ese otro Estado durante un período de tiempo considerablemente más largo que en el Estado designado y ambos cónyuges se basaron en la ley de ese otro Estado para organizar o planificar sus relaciones patrimoniales.

La ley de ese otro Estado solo se aplicará desde la celebración del matrimonio, a menos que uno de los cónyuges no esté de acuerdo. En este último caso, la ley de ese otro Estado surtirá efecto a partir del establecimiento de la última residencia habitual común en dicho Estado. La aplicación de la ley de ese otro Estado no afectará negativamente a los derechos de terceros. Y no se aplicará cuando los cónyuges hayan celebrado capitulaciones matrimoniales con anterioridad al establecimiento de su última residencia habitual común en ese otro Estado.

 

Ámbito de aplicación de la ley aplicable es el siguiente:

  • clasificación de los bienes en categorías durante la vigencia y después del matrimonio
  • transferencia de bienes de una categoría a otra
  • responsabilidad de uno de los cónyuges por las obligaciones y deudas del otro
  • facultades, derechos y obligaciones del cónyuge o ambos respecto al patrimonio;
  • disolución del régimen económico matrimonial y reparto o liquidación del patrimonio
  • efectos patrimoniales del régimen económico sobre la relación jurídica con un tercero
  • validez material de las capitulaciones matrimoniales

Efectos frente a 3ºs. La ley aplicable al régimen económico no podrá ser invocada por uno de los cónyuges frente a un 3º en un litigio entre éste y cualquiera de los cónyuges o ambos, salvo que el 3º conociera o, actuando con la debida diligencia, debiera haber tenido conocimiento de dicha ley. Se considerará que el 3º conoce dicha ley aplicable si:

  • dicha ley es la del Estado aplicable a la transacción entre uno de los cónyuges y el 3º
  • la ley del Estado en el que cónyuge contratante y el 3º tengan su residencia habitual, o
  • En el caso de bienes inmuebles, la ley del Estado en el que se halle el bien, o
  • cualquiera de los cónyuges hubiera cumplido con los requisitos para la divulgación o el registro del régimen económico matrimonial especificados por: la ley del Estado aplicable a la transacción entre uno de los cónyuges y el 3º, la ley del Estado en el que el cónyuge contratante y el 3º tengan su residencia habitual, o en el caso de los bienes inmuebles, la ley del Estado en el que se halle el bien.

En el caso de que la ley aplicable al régimen económico matrimonial no pueda ser invocada por uno de los cónyuges ante un 3º los efectos del régimen económico frente al 3º se regirán:

  • por la ley del Estado aplicable a la transacción entre uno de los cónyuges y el tercero, o
  • en el caso de los bienes inmuebles o de los bienes o derechos registrados, por la ley del Estado en el que se halle el inmueble o en el que estén registrados los bienes o derechos.

Cuando una persona invoque un derecho real del que sea titular en virtud de la ley aplicable al régimen económico matrimonial y la ley del Estado miembro en el que se invoque el derecho no conozca el derecho real en cuestión, ese derecho deberá, en caso necesario y en la medida de lo posible, adaptarse al derecho equivalente más cercano del Derecho de ese Estado, teniendo en cuenta los objetivos y los intereses que persiga el derecho real específico y los efectos asociados al mismo.

Leyes de policía y orden público. El Reglamento no restringirá la aplicación de las leyes de policía de la ley del foro, esto es, las disposiciones cuya observancia considera esencial un Estado miembro para salvaguardar sus intereses públicos -organización política, social o económica-. La aplicación de ley de cualquier Estado solo podrá ser rehusada si es manifiestamente incompatible con el orden público.

Reconocimiento. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de seguir procedimiento alguno. Si el resultado del procedimiento depende de la resolución de una cuestión incidental sobre el reconocimiento, dicho tribunal será competente también para conocer de la misma. El reconocimiento se denegará si:

  • fuere manifiestamente contrario al orden público
  • si no se le hubiere notificado la demanda -o documento equivalente- al demandado con tiempo suficiente y de forma tal que le permita preparar su defensa, salvo que el demandado no hubiera recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo
  • la resolución es inconciliable con otra dictada en un procedimiento entre las mismas partes en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento o con otra dictada anterior en un litigio en otro Estado con el mismo objeto y entre las mismas partes, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento.

Prohibición del control de la competencia del tribunal de origen. No se podrá controlar la competencia de los tribunales del Estado miembro de origen y tampoco el criterio de orden público se aplicará a las normas de competencia.

 

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no podrán ser objeto de revisión en cuanto al fondo.

El tribunal del Estado miembro ante el que se haya solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el procedimiento si dicha resolución es objeto de un recurso ordinario en el Estado miembro de origen.

Las resoluciones que sean ejecutorias se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se haya declarado que poseen allí fuerza ejecutiva

La solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se presentará ante el tribunal o autoridad competente del Estado miembro de ejecución. La competencia territorial se determina por el domicilio de la parte contra la que se solicite la ejecución o por el lugar de ejecución. Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro de ejecución, el tribunal que conozca del asunto aplicará el Derecho interno de dicho Estado miembro. El solicitante no estará obligado a tener dirección postal ni representante autorizado en el Estado miembro de ejecución.

El procedimiento de solicitud se regirá por la ley del Estado miembro de ejecución y la solicitud deberá ir acompañada de los documentos siguientes:

  • copia de la resolución que reúna las condiciones para establecer su autenticidad;
  • la certificación expedida por el tribunal o la autoridad competente del Estado miembro de origen mediante el formulario proforma. Cabe dispensa a su presentación.
  • Si el tribunal o la autoridad competente así lo exigiesen, se presentará una traducción o transliteración de los documentos por persona facultada

Se declarará inmediatamente la fuerza ejecutiva de la resolución sin proceder a ningún examen y la parte contra la cual se solicite la ejecución no podrá formular observaciones. La resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva podrá ser recurrida por cualquiera de las partes a través de un proceso contradictorio dentro del plazo de 30 días desde su notificación, o 60 días si la parte contra la que se solicite la ejecución esta domiciliada en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya dictado la declaración de fuerza ejecutiva. El tribunal suspenderá a instancia de parte el procedimiento si la ejecutoriedad de la resolución se suspendiere en el Estado miembro de origen por haberse interpuesto un recurso. El solicitante puede instar la adopción de medidas provisionales y cautelares, de conformidad con la legislación del Estado miembro de ejecución, sin que resulte necesaria la declaración de fuerza ejecutiva. La declaración de fuerza ejecutiva implicará por ministerio de la ley la autorización para adoptar medidas cautelares. Durante el plazo previsto para interponer recurso contra la declaración de fuerza ejecutiva y hasta que se resuelva el mismo, solamente se podrán adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se haya solicitado la ejecución.

Cuando la resolución se pronuncie sobre varias pretensiones y no se pueda declarar la fuerza ejecutiva de todas ellas, se declarará la fuerza ejecutiva de una o varias de ellas.  El solicitante podrá solicitar una declaración de fuerza ejecutiva parcial.

El solicitante que haya disfrutado en el Estado miembro de origen de una asistencia jurídica total o parcialmente gratuita, o de una exención de costas y gastos, tendrá derecho a obtener, en cualquier procedimiento de declaración de fuerza ejecutiva, la asistencia jurídica gratuita más favorable o la exención más amplia posible del pago de las costas o de los gastos previstos por el Derecho del Estado miembro de ejecución. No se exigirá garantía, fianza o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, a la parte que solicite en un Estado miembro el reconocimiento, la fuerza ejecutiva o la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado miembro de ejecución.

El Estado miembro de ejecución no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna, proporcional al valor del litigio, en los procedimientos relativos a la declaración de fuerza ejecutiva.

Los documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en el Estado miembro de origen, o el efecto más parecido posible, siempre que ello no sea manifiestamente contrario al orden público. Todo recurso relativo a la autenticidad de un documento público se interpondrá ante los tribunales del Estado miembro de origen y se resolverá de acuerdo con el Derecho de este. Los documentos públicos recurridos carecerán de valor probatorio en otro Estado miembro mientras el recurso esté pendiente ante el tribunal.

Todo recurso relativo a los actos jurídicos o relaciones jurídicas consignados en documento público se interpondrá ante los tribunales competentes con arreglo al presente Reglamento y se resolverá de acuerdo con la ley aplicable que establece. Los documentos públicos que hayan sido objeto de recurso carecerán de valor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, en cuanto al objeto del recurso, mientras el recurso esté pendiente ante el tribunal.

Cuando el resultado del procedimiento dependa de la resolución de una cuestión incidental relativa a los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignados en un documento público en materia de regímenes económicos matrimoniales, dicho tribunal será competente para entender de dicha cuestión.

Los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen serán declarados, a instancia de cualquiera de las partes, documentos con fuerza ejecutiva en otro. La autoridad que haya formalizado el documento público expedirá una certificación según formulario proforma. Solo se denegará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva cuando el documento público sea manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro de ejecución.

A instancia de cualquiera de las partes, se declarará que tienen fuerza ejecutiva en otro Estado miembro las transacciones judiciales que posean fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen. El tribunal que haya aprobado la transacción o ante el cual se haya celebrado la misma librará una certificación proforma y solo podrá denegarse o revocarse la declaración de fuerza ejecutiva cuando la transacción judicial sea manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro de ejecución.

No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna para los documentos expedidos en un Estado miembro en el marco del presente Reglamento.

El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios bilaterales o multilaterales de los que sean parte uno o varios Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento , ahora bien, prevalecerá, entre los Estados miembros, sobre los convenios celebrados entre ellos en la medida en que dichos convenios se refieran a materias reguladas por el presente Reglamento.

Debe tenerse en cuenta además los convenios existentes entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia en la medida en que ofrecen procedimientos simplificados y más rápidos para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales:

  • Convenio de 6 de febrero de 1931 entre relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia, revisado en 2006;
  • Convenio de 19 de noviembre de 1934 en materia de sucesiones, testamentos y administración de herencias, revisado en junio de 2012,

Convenio de 11 de octubre de 1977 relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones

Ver texto íntegro en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1103

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